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El reporte documenta una política de «represión estatal en Venezuela» entre julio de 2024 y agosto de 2025, señalando «asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual, hechos que configuran crímenes de lesa humanidad».
A través de un mensaje difundido en redes sociales, González afirmó que las conclusiones del informe “no dejan lugar a discusión” al evidenciar la existencia de una política de Estado destinada a la «persecución política».
No obstante, advirtió que las declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos constituyen “un paso necesario, pero insuficiente” ante la magnitud de lo constatado.
Reiteró que Venezuela necesita el respaldo firme de las naciones democráticas para garantizar memoria, justicia y libertad a las víctimas de violaciones de derechos humanos. (Versión Final)
