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La administración argentina ya había hecho pronunciamientos similares. En mayo pasado, la Cancillería condenó lo que calificó como un «proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de derechos humanos» en Venezuela. En ese comunicado, exigió también la liberación de Gallo y de cualquier otro argentino detenido ilegalmente.
Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar el Puente Internacional «Francisco de Paula Santander», camino al estado Táchira para visitar a su pareja y su hijo.
Ocho días más tarde, el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención y acusó al uniformado de intentar participar en una operación para sacar del país a seis opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, pertenecientes al equipo de María Corina Machado.
Ante esta situación, la Cámara Federal de Mendoza aceptó un recurso de habeas corpus presentado por la Gendarmería argentina y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a informar sobre la situación y condiciones de detención de Gallo. Hasta el momento, Caracas no ha ofrecido detalles públicos adicionales.
