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El organismo de control ha instado a Colombia y Panamá a designar funcionarios de alto nivel para coordinar una respuesta efectiva a esta crisis humanitaria en desarrollo. Además, han recomendado una colaboración entre los gobiernos para mejorar la seguridad y garantizar una mayor asistencia por parte de grupos internacionales.
“Cualquiera que sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a una seguridad básica y al respeto de sus derechos humanos a lo largo del camino”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
La reciente decisión del gobierno de Panamá de suspender las operaciones de Médicos Sin Fronteras en su territorio ha sido criticada fuertemente por Goebertus, quien argumenta que restringir el trabajo de MSF va en contra de las necesidades urgentes de la situación en el Tapón del Darién.
El informe de Human Rights Watch llega en un momento en que un número récord de migrantes cruza esta inhóspita selva en su camino hacia Estados Unidos. El año pasado, más de 520,000 personas realizaron este peligroso viaje, el doble que en 2022. Entre ellos, se encontraban venezolanos, ecuatorianos, haitianos y refugiados afganos, todos huyendo de diferentes crisis.
La travesía está plagada de peligros, la caminata a través de la selva tropical puede durar de tres a cinco días, y los migrantes pagan grandes sumas a guías y contrabandistas para que los guíen por senderos embarrados y cruces de ríos traicioneros. Decenas han perdido la vida en el intento.
El informe también destaca la influencia del Clan del Golfo en el lado colombiano del Darién, un grupo narcotraficante que cobra impuestos a los guías locales y se beneficia del paso de los migrantes hacia Panamá.
La situación se agrava con la falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los migrantes. Los crímenes, incluidos casos de violencia sexual, quedan impunes en ambos lados de la frontera, según denuncia el informe. (Fuente AP News)
